BRUSELAS, BÉLGICA.
El 19 de febrero de 2014 tuvo lugar, en el Parlamento Europeo, una mesa redonda sobre Retos y prioridades de la política europea de Cooperación al Desarrollo, organizada por Grupo Parlamentario de Socialistas y Demócratas. En ese marco, Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, presidenta de la Coordinadora de ONGD-España hizo una interesante presentación en la que analizó la actual situación de las políticas europeas para el Desarrollo.
Publicamos esta aportación por la implicaciones que estas políticas tienen en el conjunto del trabajo de cooperación que realizan muchas ONG tanto en España como en diferentes zonas del mundo, y que últimamente se han visto afectadas por recortes significativos en la financiación.
La Coordinadora de ONGD de España cuenta con unas 400 organizaciones socias, noventa de ámbito estatal y el resto organizadas en torno a 17 Coordinadoras Autonómicas asociadas a la CONDGE.
La aportación
La Unión Europea y sus Estados Miembro son el principal donante a nivel mundial (proporcionan conjuntamente más del 50% de la AOD mundial) y, lo que es más importante, el único donante que incluye la Coherencia de Políticas para el Desarrollo como normativa legal que obliga a que todas las políticas de la UE tengan en cuenta los objetivos de desarrollo internacional.
Los acelerados cambios en el panorama internacional y la crisis en Europa constituyen una amenaza para la política europea de cooperación, pero también es una oportunidad para que la UE juegue un nuevo liderazgo en la arena internacional para la construcción de un mundo más justo y equitativo, basado en el respeto de los derechos humanos, la defensa de los bienes públicos globales, y la centralidad de las personas.
Voy a destacar en esta intervención lo que consideramos como tres grandes retos de la política europea de Cooperación para el desarrollo, a tener en cuenta ante las próximas elecciones al PE:
- Promover una Europa de las personas, más justa dentro y fuera de sus fronteras. Justicia económica y equidad e igualdad de derechos.
- Defender y fortalecer la política pública de cooperación al desarrollo y de Ayuda humanitaria, más coordinada entre todos los países y renovada en el marco de la nueva agenda post 2015.
- Situar la Coherencia de Políticas en el centro de la agenda internacional.
1. UNA EUROPA DE LAS PERSONAS MÁS JUSTA DENTRO Y FUERA DE SUS FRONTERAS. Justicia económica y equidad e igualdad de derechos.
Falta escasamente un año para que en 2015 se cumpla el plazo que la comunidad internacional se marcó para reducir significativamente la pobreza. Después de quince años muchas de las metas no sólo no se habrán alcanzado, sino que la desigualdad se ha disparado en la mayoría de los países, también en los nuestros.
La mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico del la población, mientras que la mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. Siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años.
Esta concentración obscena de la riqueza supone una amenaza a nivel mundial para la construcción de sociedades estables e inclusivas. La desigualdad, que también es creciente en nuestro contexto, está socavando los cimientos del proyecto europeo.
El primer paso es comprender que la lucha contra la desigualdad y la pobreza han de ser luchas globales, y que es imprescindible apostar por un modelo de desarrollo centrado en los derechos humanos si realmente queremos revertir las desigualdades y acabar con la pobreza de aquí y la de allí.
En segundo lugar hay que entender que la concentración de la riqueza va acompañada de una concentración del poder económico sobre el político que está poniendo también en riesgo la democracia. “La concentración de riqueza extrema corroe las instituciones de manera que los gobiernos dejan de procurar el bienestar de sus ciudadanos y pasan a servir los intereses de una minoría acaudalada”. Esta corrupción de las instituciones e influencia sobre los gobiernos se extiende al ámbito de la gobernanza internacional influyendo en la definición de los marcos internacionales y legislación en defensa de sus propios intereses corporativos para favorecer el incremento de sus beneficios.
La desigualdad tiene una vertiente económica en la desigual distribución de la riqueza, pero también tiene una vertiente política que se traduce en la pérdida progresiva de derechos por parte de la ciudadanía. En los últimos años hemos visto, al menos en el caso de España, como se ha limitado progresivamente los derechos sociales, culturales, de género y, sobre todo, de participación de la ciudadanía. (En estos momentos están en debate una Ley de Seguridad Ciudadana que restringe seriamente los derechos de manifestación y la libertad de expresión, que probablemente sea recurrida ante el tribunal constitucional. También cabe mencionar la propuesta de reforma de la Ley del Aborto, y la de Acceso Universal a la Justicia para la lucha contra la impunidad).
Lo que prima en estos momentos es la geoeconomía que permita abrir a España a inversiones y negocios de fuera.
La constatación de los riesgos que la creciente desigualdad tiene para la democracia debe llevar a un compromiso del Parlamento Europeo para promover medidas urgentes y contundentes que pongan límites a la concentración de la riqueza y reviertan la situación mediante políticas redistributivas.
Algunas medidas concretas que estamos demandando desde la sociedad civil son:
- Promover y respaldar una fiscalidad progresiva, sobre todo para los grandes capitales y las grandes empresas.
- Desarrollar medidas que limiten y detengan la evasión fiscal y la fuga de capitales así como la lucha contra los paraísos fiscales, incluida la adopción de medidas firmes contra el secreto bancario.
- Impulsar el compromiso de aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales (TFI), como mecanismo de recaudación y de control sobre los movimientos especulativos a corto plazo. (Tal y como ha sido demandado por más de trescientas organizaciones de la sociedad civil en toda Europa frente a sus respectivos gobiernos).
- Garantizar el uso de los ingresos fiscales para políticas públicas relacionadas con los derechos fundamentales: educación, sanidad, protección social universal y cooperación internacional.
- Garantizar que la recaudación procedente de las TFI se destine (como fondos adicionales) a las políticas sociales específicas, entre ellas la de cooperación a la que se trasladaría un 50% de lo ingresado por dicha tasa.
- Desarrollar medidas contra el dumping climático en el seno de la OMC y el desarrollo de un impuesto sobre las emisiones de CO2 contra el dumping climático.
2.- DEFENSA DE LA POLITICA PÚBLICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL MARCO DE LA NUEVA AGENDA POST 2015
En un mundo como el actual, cada vez más interdependiente, los asuntos gestionados en solitario desde perspectivas domésticas son inviables. Bienes globales como el medio ambiente, la paz o el propio desarrollo dependen de la capacidad de los Estados de construir consensos y asumir compromisos en el ámbito internacional. Mostrar liderazgo y actuar como un actor global responsable es la mejor carta de presentación en la esfera internacional. Y en ello, la política de cooperación, puede tener un papel clave.
Por ello en tiempos de cambio de época y de crisis es más necesario que nunca reivindicar la vigencia de la política de cooperación como instrumento imprescindible de diálogo político para impulsar un desarrollo con equidad capaz de erradicar la pobreza y revertir el proceso de crecimiento de las desigualdades globales. Para ello hay que promover una gobernanza global basada en la interdependencia solidaria entre todos los pueblos del mundo desde el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y la diversidad. La política de Cooperación al Desarrollo, que ha sido una seña de identidad de la política exterior europea, debe formar parte del impulso para construir una Alianza Global para el Desarrollo que aborde una gobernanza mundial que responda a los grandes retos que tenemos.
La Cooperación Internacional no es sólo para tiempos de bonanza. Es un compromiso de coherencia, ético y moral. Por eso los Países Miembros y la UE han de mantener sus compromisos internacionales de ayuda al desarrollo y escuchar las voces de la ciudadanía. Una reciente encuesta publicada en el diario El País recoge que “la ayuda a los países más pobres es un deber moral para el 81% de la población española”. Los datos del euro barómetro por su parte señalan que el apoyo para ayudar a los sectores pobres de la población de los países en desarrollo es uniformemente elevado (88 %). El 37 % cree que es «muy importante» y el 48 % lo considera «bastante importante». Seis de cada diez europeos creen que la ayuda a los países en desarrollo debe incrementarse a pesar de la crisis. La mitad de los encuestados (49 %) piensa que la UE debe mantener su promesa de aumentar la ayuda a los países en desarrollo. El 12 % cree que la ayuda debe incrementarse más de lo prometido.
El compromiso de aportar el 0,7% de la RNB a las políticas de desarrollo mantiene su actualidad como uno de los indicadores básicos de la solidaridad internacional y de redistribución. La AOD continuará siendo necesaria mientras sigan existiendo millones de personas que no tienen cubiertas las necesidades más básicas y mientras no exista un sistema fiscal internacional que garantice una redistribución mundial de la riqueza. A pesar de esta evidencia, el nuevo presupuesto de ayuda de la UE para 2014-2020, puede verse afectado, con el argumento de la crisis, por recortes o cambios, que incidirán en la vida de cientos de millones de personas en el mundo que viven en pobreza extrema.
Los Estados Miembro y el Parlamento Europeo tienen la obligación de apostar por una política pública de Cooperación y de garantizar la financiación necesaria para su ejecución, cumpliendo con el compromiso del 0,7% y buscando recursos adicionales para hacer frente a los crecientes retos globales.
En el ámbito de la eficacia de la ayuda, los debates internacionales de la última década, que han dado lugar a los principios de la Declaración de París (apropiación, alineación, armonización, gestión por resultados y responsabilidad mutua), profundizados en Accra (2008) y en Busan (2011) están en la base de la Agenda para el Cambio que marca la orientación de la política europea de Cooperación al Desarrollo.
En su búsqueda por la mejora de la calidad y la eficacia de la Ayuda, la Agenda para el Cambio contiene retos importantes que deben marcar la agenda del próximo Parlamento Europeo en materia de Cooperación. En primer lugar sitúa la gobernabilidad, como no podría ser de otra manera, como uno de los pilares de la política de cooperación, desde un enfoque basado en los derechos humanos que sitúa la participación en procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas en el centro de la agenda internacional. Necesariamente habrá que trabajar para poner límites a los poderes económicos cuya participación en las esferas de poder supone una amenaza para la democracia, la gobernanza global y el respeto de los derechos de la ciudadanía fuera y dentro de las fronteras de la UE.
El segundo de los pilares es el crecimiento económico sostenible. Es un hecho que tanto la historia como la academia han contrastado que el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. Pero además hoy sabemos que el crecimiento como motor del desarrollo a nivel planetario es insuficiente y ecológicamente insostenible. Necesariamente habrá que abrir la puerta a pensar, promover y apoyar otros modos de crecer, de vivir que respeten los límites de la naturaleza y pongan en el centro las personas. (El concepto de “buen vivir” con origen en las comunidades indígenas de Bolivia e incorporado en sendas constituciones de Bolivia y Ecuador frente al concepto propio de nuestra cultura occidental de “vivir mejor”).
Poniendo la mirada en los actores, la agenda para el cambio establece que los Estados de la UE apoyarán y promoverá un entorno que favorezca la existencia de una sociedad civil plural, independiente, activa y competente (en base a conclusiones del diálogo Estructurado).
La Comunicación (12/9/2012) de la Comisión Europea “Las raíces de la democracia y el desarrollo sostenible” reconoce que “las sinergias entre los Estados y las OSC pueden contribuir a superar los retos de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la exclusión social y el desarrollo insostenible. La participación de las OSC en los procesos políticos es fundamental para garantizar unas políticas eficaces e integradoras”.
La Comunicación de la Comisión expone tres prioridades para la ayuda de la UE:
- Redoblar los esfuerzos destinados a promover un entorno favorable a las OSC en los países socios. Proteger el derecho de asociarse y una financiación segura, junto con la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en la vida pública. La responsabilidad primordial de garantizar estas condiciones básicas recae en el Estado.
- Fomentar una participación significativa y estructurada de las OSC en las políticas nacionales de los países socios, en el ciclo de programación de la UE y en los procesos internacionales.
- Aumentar la capacidad de las OSC locales para desempeñar de manera más eficaz su papel como actores de desarrollo independientes.
Para ello es necesario que la UE se comprometa a promover y mantener un entorno favorable que permita el pleno desarrollo de la participación de la sociedad civil en la construcción, seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Debe favorecer la creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas capaces de incidir en las políticas globales que atañen a temas de desarrollo con capacidad de transformarlas y de presentar alternativas a los problemas globales.
La Agenda para el Cambio, también reconoce el papel de otros actores como es el sector privado como impulsor del desarrollo. Parece necesario en este punto indicar que el sector empresarial es un actor de desarrollo cuando genera empleo decente, invierte e innova, cumple de forma estricta con las obligaciones fiscales que deriven del marco legal del país donde opere, y produce bienes y servicios dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental. Así mismo es importante señalar que la materialización de alianzas público privadas que se está promoviendo fundamentalmente orientado a los países de renta media debe garantizar que no se obstaculiza ni se exima a los estados de la obligación de proveer servicios básicos a la ciudadanía y no actúe en detrimento de la cohesión social y las políticas públicas.
Para garantizar la contribución del sector privado al desarrollo será necesario, pues, que se establezcan mecanismos europeos de obligado cumplimiento que regulen desde un enfoque de derechos, las actuaciones de las empresas en la cooperación y el desarrollo, en línea con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos impulsados por el informe del representante de NNUU John Ruggie.
La Agenda para el Cambio también reconoce la importancia de avanzar en equidad de género, empoderamiento y oportunidades para las mujeres como un elemento imprescindible en las políticas de desarrollo y asignatura pendiente de los ODM. No podemos olvidarnos que las tres cuartas partes de las personas más pobres del planeta son mujeres y niñas y en prácticamente todo el mundo siguen siendo evidentes las discriminaciones en forma de comportamientos y legislaciones machistas. En este marco, saludamos la iniciativa de la presidenta del EPWG, el grupo parlamentario de Salud Reproductiva, VIH/SIDA y Desarrollo, Sophie In’t Veld, quien ha desarrollado una carta de compromiso para pedir que l@s eurodiputad@s confirmen su compromiso con la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR) para los próximos cinco años, en coherencia con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, de El Cairo, firmada por todos los estados miembros de la UE.
Los principios y los prioridades está claros pero lo que se necesita es VOLUNTAD POLÍTICA para dotar a la política de cooperación de los recursos necesarios y aplicar los principios con la coherencia necesaria para lograr impactos reales en la erradicación de la pobreza y la reversión del actual proceso incremento de las desigualdades a nivel global.
3. LA COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO EN EL CENTRO DE LA AGENDA
Nos preguntamos ¿qué política pública de cooperación para el desarrollo es necesaria en el marco de una agenda post 2015?
Una cooperación basada en los logros de la Ayuda al Desarrollo tiene que tener una mirada más amplia que sitúe la coherencia de políticas en el centro de la agenda y una perspectiva más horizontal que establezca nuevas relaciones entre socios que sustituyan a las tradicionales relaciones donantes-receptores, por otras más acordes con el principio de “problemas globales y responsabilidades diferenciadas”.
La nueva AGENDA Post 2015 debe ser alternativa y debe incorporar las propuestas y demandas de la ciudadanía comprometida ante los problemas globales que hoy tenemos que afrontar. Debemos responder a las demandas desde los intereses y desafíos de las poblaciones empobrecidas y no desde los intereses geoestratégicos y económicos de los países donantes, del capital y de los poderosos que hoy gobiernan el mundo.
La construcción de una nueva AGENDA Post 2015 es también una oportunidad única para transformar la CdP en una estándar universal para que todos los países orienten sus políticas hacia la erradicación de la pobreza. La UE ha sido pionera en la incorporación de la Coherencia de Políticas como precepto legal de obligado cumplimiento. El artículo 208 del tratado de Lisboa implica que, todas las políticas de la UE debe apoyar el desarrollo de los países en desarrollo o, cuando menos, no entrar en conflicto con los objetivos de desarrollo internacional, centrados en la erradicación de la pobreza. Sin embargo, el compromiso con la Coherencia de políticas no puede quedarse solo en el plano discursivo, como hasta la fecha como lo demuestran los pocos progresos realizados en los últimos años. Se necesita voluntad política para que sea una realidad.
No es una tarea fácil y el nuevo Parlamento Europeo debe reforzar su papel en el cumplimiento de la CpD mediante el seguimiento y la evaluación del impacto de determinadas políticas en los derechos y el bienestar de la ciudadanía de otros contextos. Algunas de las políticas con mayor impacto en la pobreza y la violación de los derechos humanos son las que tienen que ver con la coherencia interna como las políticas sociales en retroceso, las políticas migratorias represivas, o la política agrícolas común. Otras son las referidas a la coherencia externa como las políticas comerciales, las referidas al cambio climático, la seguridad, la industria de exportación de armamento…
Deberíamos detenernos en todas y cada una de ellas pero como no hay tiempo para ello mencionaré solo el bochornoso tema de las políticas migratorias.
Es urgente detener la sangría de vidas humanas que como consecuencia de unas políticas migratorias represivas e inhumanas están haciendo del Mar Mediterráneo un cementerio que desde los años 90 ha visto morir oficialmente 9.000 personas, aunque se estima que la cifra puede ascender hasta 20.000.
El nuevo Parlamento Europeo debería: Poner en marcha mecanismos que promuevan la migración legal y el respeto a los derechos humanos.
Prestar atención a las causas de las migraciones, entre otras:
- Promover cambios radicales en las políticas comerciales neoliberales que impiden el desarrollo de economías locales que promueven un desarrollo sostenible endógeno y fortalecer las políticas de cooperación al desarrollo.
- Implementar medidas para luchar contra prácticas ilegales y violadoras de los derechos humanos de empresas transnacionales como, entre otras, el acaparamiento de tierras o la producción de biodiesel.
Es preciso tener en cuenta que impulsar el principio de Coherencia de Políticas para el desarrollo supone también que las políticas europeas de apoyo a la Educación para el Desarrollo (EpD) favorezcan el fortalecimiento de una CIUDADANÍA GLOBAL COMPROMETIDA. Es fundamental que esta ciudadanía se apropie de la política de cooperación al desarrollo y se comprometa con ella.
Para la Coordinadora el concepto de ciudadanía necesariamente está asociado a lo global, va más allá del status, de los derechos y responsabilidades asociados con la pertenencia a un Estado. La ciudadanía se define a través de nuevos escenarios y de prácticas sociales en constante transformación relacionadas con dos elementos clave: la participación, entendida como la capacidad, la voluntad y el poder de actuar, decidir y construir y la interdependencia, el reconocimiento del compromiso y la responsabilidad global.
4.- EL PAPEL DE ESPAÑA
Para cerrar estos aportes, la Coordinadora de ONGD de España que cuenta con unas 400 organizaciones socias, noventa de ámbito estatal y el resto organizadas en torno a 17 Coordinadoras Autonómicas asociadas a la CONDGE, quiere aprovechar este foro para manifestar su gran preocupación por el desmantelamiento progresivo desde 2009 de la Política de Cooperación al Desarrollo de nuestro país, siendo la política pública que ha tenido el mayor recorte. En los presupuestos de este año 2014, la AOD española desciende al 0,17% de la RNB. Este porcentaje coloca la AOD del 2013 en niveles de 1990, cuando España era un donante incipiente y muy a la cola de los donantes europeos denominados UE-15. A la preocupación por el descenso de los recursos disponibles para la cooperación se suma la inquietud por la calidad de la ayuda. El recorte no solo ha afectado fundamentalmente a la ayuda bilateral directa primando el papel del ministerio de economía sino que las normativas que se están desarrollando confirman la tendencia a la primacía de los intereses de las empresas españolas y al incremento de la cooperación reembolsable.
El recorte y la orientación que nuestra política de cooperación experimentan no solo van contra los compromisos asumidos internacionalmente sino que muestran una total incoherencia con la voluntad expresada en la Candidatura de España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de ser un actor global relevante, ratificada por el propio presidente de Gobierno en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Presentación de Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar
Presidenta Coordinadora de ONGD-España